El arte del siglo XX comprendió y veneró la locura antes que la ciencia. Los escritores y especialmente los pintores descubrieron con gozo que la consciencia no era la única dueña de la mente y que existía un subconsciente irracional dentro de cada cual que, para quienes se habían llevado la peor parte química en su materia cerebral, producía monstruos vía alucinaciones y delirios. Fue una forma civilizada de aceptar una locura maldita por siglos,  aunque solo fuera por la variedad estética que ofrecían sus símbolos.

 Casi un siglo después del surrealismo, España sigue teniendo miedo a la locura. Un miedo con el que muestra su retroceso –otro más- en una materia tan sensible. El proyecto de ley de reforma del Código Penal que prepara el ministro Gallardón relaciona a las personas con enfermedad mental con “sujetos peligrosos” e incluye la posibilidad de privar de libertad indefinidamente al condenado. Y eso no es todo. También contiene la nueva condición de que no baste con que una de estas personas haya cometido un delito, sino también la probabilidad elevada de poderlo cometer en el futuro. Una norma que pasará del Derecho Penal de hecho al Derecho Ficción con el sello discriminatorio de valorar a la persona por su categoría. En el tiempo jurídico se trata de volver al año 75. En el moral, ya he perdido la cuenta.

Justo lo que le faltaba a aquellos que sufren el peso de esta enfermedad era que el Gobierno legisle contra ellos e intente solventar con togas negras un grave problema que necesita batas blancas:  atención domiciliaria multidisciplinar, lugares de internamiento dignos, formación para las familias, investigación terapéutica y un largísimo etcétera. En España existe 1 millón de personas con algún trastorno mental que no son más peligrosas que la sociedad en sí. No hay un solo estudio o estadística que demuestre tal cosa. De hecho, ninguno de ellos ha inventado locuras como la guerra, la injusticia, las drogas, las preferentes, las romerías o la navidad. Todo eso pertenece al mundo de los “cuerdos”. El mismo que legisla de una forma tan justa, moral, constitucional y científica.